En caso de hacer una descripción del 2025, las "tensiones migratorias" ocuparían un espacio importante. No sólo se percibe en Estados Unidos, sino también en otros países que se aferran a la rigurosidad y atentan contra los derechos humanos. En las últimas horas el foco de la noticia estuvo puesto en República Dominicana, conemplando que efectuó una deportación de un contingente de 135 ciudadanos de Haití. Este grupo estaba compuesto por mujeres en estado de gravidez, personas que recientemente fueron madres y menores de edad.
Lejos de intentar ocultar el accionar y sin temor a las represalias, la información fue confirmada por las autoridades dominicanas mediante un comunicado oficial. En el mismo, se detalló que las 135 mujeres y niños fueron conducidos a un centro de detención destinado a migrantes irregulares. Luego, fueron enviados a su tierra natal, un país que comparte la isla de La Española con la República Dominicana.
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“Estas personas enfrentan deportación inmediata después de recibir atención. Esto pone en riesgo el derecho a la salud, la privacidad y la seguridad física de las personas, y desalienta a grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, niños y sobrevivientes de violencia, de buscar tratamiento médico esencial", dijo Amnistía Internacional el lunes.
Así es la mirada de Luis Abinader
El presidente de República Dominicana impulsa medidas migratorias que generan cierta polémica. A la hora de hacer una descripción de algunos puntos, exige de manera explícita que el personal médico que labora en los hospitales pertenecientes al Servicio Nacional de Salud (SNS) requiera a todos los pacientes la presentación de documentos de identificación, una carta que acredite su empleo y una prueba fehaciente de su lugar de residencia. El cometido está puesta en facilitar la labor de los agentes de inmigración, quienes ahora podrán llevar a cabo verificaciones del estatus migratorio directamente en las instalaciones hospitalarias.
En la fase inicial de implementación de esta política, un total de 33 hospitales públicos fueron designados para poner en práctica este nuevo protocolo. Según las declaraciones emitidas por el director del SNS, Mario Lama, estos centros de salud son los escenarios donde se registra un porcentaje significativo de los alumbramientos de madres de origen extranjero dentro del sistema público dominicano, estimándose que alcanzan hasta un 80% del total.
Si bien el gobierno dominicano insistió en que a ninguna persona se le negará la atención médica bajo el nuevo protocolo implementado, diversas agrupaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre un posible efecto disuasorio en la población migrante que requiere asistencia sanitaria.
Vale remarcar que la intensificación de las deportaciones hacia Haití no es un fenómeno reciente. En el transcurso de los últimos seis meses, las autoridades dominicanas realizaron la deportación de más de 180.000 personas de regreso a Haití.