Donald Trump, ha anunciado que a partir del 2 de abril, cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará sujeto a un arancel del 25% en todas sus importaciones hacia Estados Unidos. Esta decisión, publicada en la red social Truth Social, forma parte de lo que Trump llamó un “arancel secundario contra Venezuela”, en represalia por la presunta llegada de criminales venezolanos a territorio estadounidense.
Según diversos medios de comunicación, como USA Today y BBC News, Trump justificó la medida alegando que Venezuela “ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos”. Además, aseguró sin pruebas que el gobierno de Nicolás Maduro está enviando intencionadamente criminales, incluyendo miembros de la banda Tren de Aragua, recientemente designada como organización terrorista por su administración.
Donald Trump dice que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará sujeto a un arancel del 25%
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¿Qué países resultarían afectados?
De acuerdo con datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron un 10,5% en 2024, con los siguientes países como principales compradores:
- China: 68% del petróleo exportado por Venezuela.
- Estados Unidos: 23%.
- España y Cuba: 4% cada uno.
- Singapur, Malasia y Rusia: menos del 1%.
Dado que Estados Unidos ya ha reducido sus importaciones de crudo venezolano debido a sanciones previas, el mayor impacto de esta medida se sentirá en China y España, que podrían enfrentar un alza en sus costos comerciales si continúan comprando energía a Venezuela.
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Por medio de su cuenta oficial de X, el economista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, cuestionó la viabilidad de esta medida, asegurando que “rompe con la lógica” y será “imposible de aplicar”. En su opinión, los aranceles buscan sustituir sanciones, pero presentan un problema jurídico, ya que afectan a países enteros y no a entidades específicas.
Asimismo, citó el caso de la petrolera española Repsol, la cual adquiere crudo venezolano sin que el gobierno de España pueda intervenir en sus decisiones comerciales. Esto sugiere que la medida podría generar conflictos legales y comerciales entre EE.UU y sus socios internacionales.