La polémica ley de Ron DeSantis que afecta a los inmigrantes en Florida

ESTADOS UNIDOS

Esta normativa ha significado un antes y un después para muchos migrantes, en un contexto en el que se endurecen las políticas migratorias en USA

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Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Scott Olson/Getty Images

Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha adoptado una postura decididamente firme frente a la inmigración ilegal al apoyar medidas que, en muchos aspectos, recuerdan las políticas implementadas por Donald Trump.

A lo largo de 2024, DeSantis firmó varias leyes que buscan reforzar el control migratorio en el estado, las cuales incluyen sanciones más severas y restricciones a los derechos de los inmigrantes irregulares.

Estas iniciativas reflejan la postura del gobernador de enfrentar lo que considera una crisis fronteriza, una situación que, según él, ha sido agravada por la falta de acción del gobierno de Joe Biden.

En este sentido, las leyes firmadas por DeSantis están orientadas a aumentar las penalidades para aquellos que, según el estado, violan las normas migratorias, además de poner en práctica un sistema de reclasificación de delitos para aquellos que reinciden.

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Cuál es la ley en Florida que firmó Ron DeSantis contra la inmigración irregular

La ley SB-1036, firmada el 1° de octubre de 2024, impone penas más severas para aquellos inmigrantes que reinciden en la comisión de delitos después de haber sido deportados previamente.

Esta legislación introduce un sistema de reclasificación de delitos, en el que los delitos graves de tercer grado, como los delitos menores, se elevan a delitos de segundo grado con sentencias de hasta 15 años.

Delitos graves de segundo grado se convertirían en delitos de primer grado con condenas de hasta 30 años, y los delitos de primer grado ahora son considerados delitos de por vida, con la posibilidad de cadena perpetua.

Ante este panorama, la ley tiene como objetivo disuadir el reingreso ilegal de inmigrantes deportados que intentan cometer delitos en Florida, un tema de suma preocupación del gobernador.

La dura postura de DeSantis frente a la política migratoria de Biden

Ron DeSantis ha sido un crítico constante de la gestión migratoria de la administración Biden, a la que acusa de no hacer lo suficiente para controlar la inmigración ilegal a través de la frontera sur. En lugar de esperar que el gobierno federal tome medidas, el gobernador de Florida ha decidido actuar de manera autónoma.

DeSantis ha señalado en diversas ocasiones que la administración actual ha fallado en garantizar el orden en la frontera, lo que ha provocado un aumento en el número de migrantes irregulares que llegan a Estados Unidos.

Como respuesta, el gobernador ha tomado decisiones que incluyen el envío de agentes de seguridad de Florida a Texas, un estado altamente afectado por la crisis migratoria, y la reubicación de inmigrantes hacia otros estados como California y Massachusetts.

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Cómo afectan las políticas migratorias de DeSantis a las comunidades inmigrantes

Las medidas adoptadas por Ron DeSantis tienen un impacto directo sobre las comunidades inmigrantes, especialmente en un contexto como el de Florida, un estado con una significativa población latina. Si bien las políticas de seguridad y control migratorio pueden ser vistas como necesarias por algunos, también han generado controversia debido a las consecuencias que podrían enfrentar miles de inmigrantes que residen en el país de manera irregular.

Las leyes firmadas por DeSantis podrían intensificar la persecución de los migrante. Las restricciones impuestas, desde sanciones más severas hasta la limitación de derechos como la obtención de identificaciones, han suscitado preocupación por su posible efecto negativo en la vida diaria de los inmigrantes en Florida.

Además de la SB-1036, Florida implementó otras dos leyes:

  • La ley HB-1589 podría dificultar la vida de quienes manejan sin licencia, especialmente la de trabajadores y familias en comunidades de inmigrantes.

  • La HB-1451 restringe el acceso a tarjetas de identificación, lo que podría dificultar el acceso a servicios básicos para migrantes irregulares.
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