Durante las últimas semanas, el enfrentamiento político entre Ron DeSantis, gobernador de Florida, y The Walt Disney Company, se convirtió en uno de los temas más destacados en el estado debido a que representaba un pleito entre dos de las entidades con mayor influencia.
Recientemente, las autoridades concluyeron una investigación de más de un año sobre el antiguo Reedy Creek Improvement District, que administraba los servicios gubernamentales para Disney World, y determinaron que no hubo violaciones a las leyes penales.
La investigación fue liderada por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), que decidió cerrar el caso tras no encontrar evidencia de delitos, según un memorando obtenido por el Orlando Sentinel. Este análisis incluyó procedimientos internos, comunicaciones, registros fiscales y otras actividades relacionadas con el distrito y Disney.
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Sin violaciones a la ley
El informe destacó una relación estrecha entre Disney y el Reedy Creek Improvement District, al describirla como una “difuminación de límites” en ciertos aspectos, como el caso de un abogado que trabajaba simultáneamente para ambas partes, no se encontraron violaciones legales.
Además, la compañía habría obtenido beneficios financieros por la compra de pases para sus parques temáticos, algo que también fue revisado en la investigación.
¿Cómo nació el conflicto?
El conflicto comenzó en febrero de 2023, cuando Disney y el Reedy Creek Improvement District firmaron un acuerdo que otorgaba derechos de desarrollo a Disney por los próximos 30 años.
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Este movimiento ocurrió justo antes de que el gobernador DeSantis aprobara una ley para modificar el funcionamiento del distrito. En respuesta, el mandatario tuvo que ordenar una investigación para determinar posibles violaciones civiles y penales.
Posteriormente, el funcionario reemplazó al personal del distrito con aliados republicanos y cambió el nombre del Reedy Creek Improvement District a Central Florida Tourism Oversight District. Además, se eliminaron beneficios como descuentos y pases a los parques temáticos para empleados del distrito, con bomberos y gerentes de proyectos entre los afectados.
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Propósito político
El enfrentamiento tiene sus raíces en 2022, cuando Disney expresó su oposición a la controvertida ley de Derechos de los Padres en la Educación, conocida por sus críticos como la ley “Don’t Say Gay”, la cual restringe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.
Como respuesta, DeSantis intervino en el distrito, lo que derivó en múltiples demandas entre Disney y el estado de Florida. Estas disputas legales concluyeron en 2024. Aunque la investigación del FDLE no encontró violaciones legales, el conflicto dejó profundas divisiones políticas y económicas en la entidad, ya que su resolución marcó un nuevo capítulo en una relación tensa.